Las finanzas del terrorismo

Los métodos de extorsión de ETA incluían el envío de cartas amenazantes a empresarios vascos, en las que se exigía el pago de una determinada cantidad de dinero a cambio de que su patrimonio e incluso su integridad física no corrieran peligro. Aunque muchos amenazados denunciaron estas prácticas mafiosas, es difícil determinar cuántos llevaron el 'aviso' en silencio sobre sus espaldas, ante el terror psicológico impuesto por la banda terrorista, que llegó a aplicar 'intereses de demora' a quienes que se retrasaban en el pago.

El miedo y la indefensión de los amenazados fue en en aumento con el envío de cartas marcadas con un código especial. Una serie de números y letras en la parte superior de las misivas donde se indicaba la cantidad a pagar y cómo hacerlo, con la posibilidad de que los terroristas reconocieran la carta con el código en el caso de que alguna de ellas fuera reproducida en los medios de comunicación.

En marzo de 2011 la banda anunciaba a los empresarios que cancelaba su extorsión. José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra fue el destinatario de la misiva para que comunicara «a los empresarios y a la sociedad» que había «quedado cancelada la exigencia» del conocido como pago del impuesto revolucionario.

Fuente - 11 Jul, 2023

ETA dispuso de al menos 447 millones de euros entre 1967 y 2010 para sustentar sus actividades y sus 43 años de violencia, lo que implica un promedio anual de 10,3 millones. Es la principal conclusión del último estudio, plasmado en el libro La financiación del terrorismo (editorial Almuzara), de Mikel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, víctima del terrorismo y uno de los impulsores de movimientos cívicos como Basta Ya y el Foro de Ermua.

En un detalladísimo trabajo que combina sentimiento y razón, Buesa utiliza una didáctica metodología para diseccionar las fuentes de financiación de la banda terrorista desde 1967 (un año antes de que empezara a matar) hasta 2010 (cuando anunció el cese definitivo de la lucha armada). En ese periodo la violencia se cernió sobre el País Vasco y el resto de España “dejando un balance muy negativo de muerte, amenazas, desolación y exilio”, en palabras del autor.

Ese balance terminó con 857 muertos (Interior rebaja la cifra a 853), 2.597 personas heridas y al menos 31.900 damnificadas por unos daños materiales valorados en más de 8.570 millones de euros, según los datos correspondientes al número de expedientes abiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros como consecuencia de los atentados de ETA sobre daños asegurados. La violencia etarra también provocó 125.000 desplazados “hacia otras regiones españolas como consecuencia de la intimidación terrorista”.

Buesa también se aventura a cuantificar los efectos macroeconómicos de la violencia etarra, que se traduce en la pérdida de actividad económica en el País Vasco: 214.540 millones de euros, lo que equivale al 18,3% del PIB regional agregado durante ese periodo temporal. Es lo que el autor denomina “economía depredadora” de cuyo rendimiento “se extrae el dinero necesario para mantener la violencia” que se concretó con la realización de, al menos, 3.101 atentados.

El autor diferencia entre cuatro etapas: una primera entre 1967 y 1978 en la que la campaña terrorista se hizo con “recursos relativamente modestos”. Otra, entre 1979 y 1992, que fueron calificados como los “años del plomo” por la gran cantidad de atentados cometidos. La tercera, entre 1993 y 2002, en la que la banda terrorista sufre y debe reorganizarse tras la caída de la cúpula en Bidart y la ilegalización de Herri Batasuna. Y una cuarta y última entre 2003 y 2010 en la cual ETA, acosada por unos servicios policiales muy eficaces y un rechazo político creciente, decidió poner fin a la violencia.

En la primera etapa ETA y todo su entramado englobado dentro del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) captó 23,7 millones de euros, cantidad que subió a 126,9 millones en la segunda etapa y en 211 millones en la tercera, hasta bajar a los 83 millones en la cuarta y última. Buesa destaca que comparado con otros grupos terroristas, ETA fue una organización relativamente pequeña, con unos 10.000 activistas entre 1967 y 2010. Lo que la hacía ETA era “desvincularse de todo aquel que no estuviera realizando tareas operativas para la organización. Ello hacía que sus costes laborales fueran más bien modestos”. ETA destinaba 29.943 euros anuales por cada militante en activo.

Atracos, secuestros y extorsión

¿Cómo obtenía ETA sus recursos financieros? Mediante atracos, secuestros, extorsiones (el ‘impuesto revolucionario que cobraba a los empresarios) y el saqueo (el robo de coches, armas, explosivos y demás material para mantener su campaña terrorista). Los secuestros generaron la mayor parte de sus ingresos, en torno a 105,4 millones. En segundo lugar aparece la extorsión, con 68 millones de euros. Los atracos llenaron sus arcas con más de 17 millones y el saqueo con 11 millones.

Buesa hace un análisis muy detallado de dos de estas fuentes de ingresos: los atracos (el primero se produjo en 1965 pero salió tan mal que la banda solo logró un botín de 2,75 pesetas) y los secuestros (que comenzaron en 1970). Al principio los atracos constituían una actividad relativamente fácil debido a las pocas medidas de seguridad que tenían las entidades bancarias. En total ETA perpetró 206 atracos obteniendo un botín medio de 83.500 euros. Su año más intenso fue 1984, con más de 50 robos.

La organización se tomaba muy en serio la disciplina de los comandos que realizaban los atracos. De hecho, en 1981 asesinó a uno de sus militantes que se había gastado el dinero de un robo en heroína. En cuanto a los secuestros los terroristas realizaron 86, de los que 71 tuvieron con rehenes a personas vinculadas con el mundo empresarial. Muy pocos tuvieron una motivación política. ETA era consciente de lo complicado de estas acciones, que requerían información, infraestructura y personal entrenado. Solo el 5% de los secuestrados fueron rescatados por la Policía.

En cuanto a la extorsión a empresarios, ETA logró recaudar tras amenazar a empresarios del País Vasco y Navarra al menos 67,8 millones de euros. ”Ello fue posible, evidentemente, porque hubo empresarios que cedieron a la presión que se ejerció sobre ellos y pagaron. Según Buesa, las garras de ETA se lanzaron contra unos 4.750 empresarios, de los que solo el 12% acabó cediendo y entregando dinero. En España nunca se ha condenado a ningún empresario por pagar a ETA.

El autor también da cifras sobre el saqueo de ETA para perpetrar sus acciones terroristas, con un balance de 383 coches robados, 36,8 toneladas de explosivos, 13.300 metros de cordón detonante, 26.000 detonadores, 464 armas cortas, 624 escopetas, 24 máquinas troqueladoras para fabricar matrículas y 32.000 placas de matrículas vírgenes. Todo por un valor equivalente de 11,2 millones de euros.

Patrocinios, subvenciones y negocios

Pero ETA y su entramado no solo se financió con actividades delictivas. Todo la estructura social y política que formaba parte del MLNV generó otros 243,2 millones de euros para la financiación del terrorismo. Figura (la de la financiación) que no se tipificó como delito hasta el año 2010, año en el que precisamente ETA dejó de matar. Aquí el autor desglosa entre subvenciones políticas que recibieron las formaciones abertzales, las subvenciones que recibieron los familiares de presos y los “rendimientos mercantiles” de ciertos negocios, como las ‘herriko tabernas’ (había 141 en 2002). Según Buesa, estos locales llegaron a recaudar 91 millones de euros durante cuatro décadas.

Finaliza Buesa que los ingresos totales analizados en su libro revelan claramente que “ETA-MLNV fue una organización relativamente modesta dentro del panorama del terrorismo internacional”. Su dimensión no llegó ni de lejos a la de las principales entidades islamistas armadas y se queda por debajo del nivel de las FARC colombianas o el IRA irlandés. “Constituye así un ejemplo evidente de que para desarrollar una campaña terrorista no se necesitan grandes cantidades de recursos, sino más bien la voluntad política de utilizarlos en el ejercicio de una violencia extrema”.