Pasadas las diez y media de la noche del día 7 de agosto de 1991 el etarra Juan Ramón Rojo González, encapuchado y armado con un subfusil, asesinaba a tiros en Irún (Guipúzcoa) a FRANCISCO GIL MENDOZA, mientras su hermano Alfredo, que se encontraba con él en la plaza de Urdanibia de la localidad guipuzcoana, consiguió huir antes de que lo asesinaran.
Esa noche los hermanos se encontraban sentados en un banco de la plaza cuando advirtieron la presencia de un encapuchado que, mientras se dirigía hacia ellos, sacó un subfusil que llevaba escondido debajo del jersey. Los dos jóvenes empezaron a correr, momento en el que Rojo González, desde una distancia aproximada de treinta metros, lanzó una ráfaga de disparos, alcanzando a Francisco en la cabeza y en la espalda. En el lugar de los hechos se recogieron doce casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.
Francisco Gil pudo andar todavía unos metros hasta que, gravemente herido, cayó desplomado. Fue atendido primero en el Hospital Comarcal del Bidasoa y, debido a su gravedad, lo trasladaron a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, donde ingresó cadáver. Antes, un grupo de proetarras se negó a socorrer al joven herido, cuando su hermano, desesperado, entró en el Bar Deportivo, situado en la misma plaza, pidiendo ayuda a los dueños y clientes del establecimiento. Los encargados del bar, frecuentado por simpatizantes de Herri Batasuna, subieron el volumen de la música y una de las camareras arrojó un vaso contra Alfredo que arremetió contra el equipo de música (ABC, 9/08/1991).
Desde mayo de 1980 la banda asesina ETA abrazó la causa de la lucha contra supuestos traficantes de drogas, cometiendo auténticos disparates, pues en la mayoría de los casos o los asesinados no tenían nada que ver con el tráfico de drogas, o simplemente eran consumidores que trapicheaban con pequeñas cantidades sólo para conseguir la dosis que necesitaban para su propio consumo. Este es el caso de Francisco Gil que, al igual que su hermano Alfredo, era consumidor de droga, pero que en ningún caso era un narcotraficante, que es de lo que les acusaba la banda asesina. Según fuentes de la Policía Municipal de Irún habían sido detenidos alguna vez por traficar con drogas a pequeña escala.
Apenas quince días antes de que ETA iniciase en 1980 su campaña de asesinatos para acabar supuestamente con el narcotráfico, la Mesa Nacional de Herri Batasuna había hecho pública una declaración en la que afirmaba que la heroína se estaba introduciendo de forma masiva en el País Vasco con clara intencionalidad política. El objetivo era, según HB, apartar a los jóvenes vascos de cualquier otro tipo de intereses y preocupaciones, como los sociales, políticos, culturales etc. Una campaña parecida, pero contra las discotecas, la había iniciado ETA con ese mismo tipo de argumentaciones -"destrozar a nuestro pueblo, enajenarlo", conducirlo "a un mundo falso"- en 1972 afirmando, además, que la Policía estaba muy interesada en el mantenimiento de las salas de fiesta e, incluso, que las financiaban ("Comunicado de ETA al pueblo trabajador vasco", abril 1972,Documentos Y, vol. 12, citado por Alonso, Domínguez y García Rey en Vidas rotas, pág. 816).
A lo largo de su historia, la banda terrorista ETA ha fagocitado causas que, a priori, podían contar con el apoyo de parte de la sociedad, como la causa ecologista o la supuesta lucha contra las drogas. Sin embargo, la familia de Francisco Gil, a diferencia de lo que ocurrió en otros casos, no quiso callarse, y dio la cara por el joven que, sí, era consumidor de drogas, pero no era un narcotraficante. En una carta a varios medios de comunicación decían: "Es posible, casi seguro, que trapicheara con algunas dosis para conseguir las pesetas suficientes para su autoconsumo" pero "no era un narcotraficante. No hacía dinero con la droga, ni tenía bienes ni un gran tren de vida (...) No entendemos por qué nos lo han matado, pero sí sabemos que su muerte no servirá para nada, que los drogadictos no dejarán la droga porque hayan matado a uno de ellos, ni los que realmente trafican y hacen dinero con la desgracia ajena van a pararse por eso (...) Esperamos que los padres y familiares de drogadictos comprendan nuestro dolor por su muerte violenta y griten con nosotros: ¡Basta ya de asesinatos, de marginación y de desprecio!" (Agencia Efe, 13/08/1991).
El asesinato de Francisco Gil Mendoza fue cometido por miembros del grupo Irún de ETA (Juan Ramón Rojo González, Iñaki Recarte Ibarra y José Ramón Goñi Ruiz), grupo ‘legal’ de la banda de apoyo al grupo Iparhaizea de ETA que actuaba en la comarca de Irún. Las Fuerzas de Seguridad consideran que los tres no sólo asesinaron al joven, sino que robaron armas en un cuartel y colocaron explosivos en un bar de Irún y bajo el vehículo de un vecino de Fuenterrabía.
Juan Ramón Rojo González fue detenido por la Guardia Civil en enero de 1992 en Basauri (Vizcaya) junto a Pedro Urra Guridi. Desde un primer momento, el etarra exculpó a José Ramón Goñi Ruiz, hijo del ex gobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu, del asesinato de Gil Mendoza. Por su parte, Iñaki Recarte, detenido un año después del crimen, confesó que se había jugado a cara o cruz con Rojo González quién de los dos perpetraba el asesinato de los hermanos Gil Mendoza. Finalmente fue Rojo el que disparó. De Goñi Ruiz no se sabe nada desde 1992, cuando se dio a la fuga tras las detenciones de Rojo González y Recarte Ibarra. Pasó a la clandestinidad y está en paradero desconocido (elcorreo.com 21/12/2008).
En 1996 la Audiencia Nacional condenó a sendas penas de 30 años de prisión mayor a Juan Ramón Rojo González y a Iñaki Recarte Ibarra por el asesinato de Francisco Gil. En la sentencia se recoge el motivo por el que decidieron matarlo: "como entre los objetivos de ETA figuraba eliminar corporalmente a dicha clase de traficantes, los procesados decidieron dar muerte a los hermanos Gil".
Francisco Gil Mendoza, de 27 años, era natural de San Sebastián, aunque en el momento de su asesinato residía en la localidad vasco-francesa de Hendaya. Su padre, pintor de profesión, residía en dicha localidad desde su juventud, con su mujer y sus cinco hijos, varios de los cuales, entre ellos Francisco y Alfredo, no vivían ya en el domicilio familiar.
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Es fundamental recordar y honrar a todas las personas que perdieron la vida o resultaron afectadas por los actos violentos perpetrados por ETA. Cada una de estas víctimas merece nuestro respeto y solidaridad.