El 5 de marzo de 1990 fallecía el teniente de navío retirado AURELIANO RODRÍGUEZ ARENAS, que había recibido dos tiros en la cabeza cuatro días antes en San Sebastián.
El atentado se produjo en la calle de Julio Urquijo, del barrio donostiarra de Bidebieta, cerca del inmueble en el que residía el militar desde hacía varios años, hacia las 22:45 horas del 1 de marzo. Dos etarras, de entre 20 y 25 años, efectuaron varios disparos contra el teniente de navío, uno de los cuales lo alcanzó en la cara produciéndole pérdida de masa encefálica. A continuación, los pistoleros emprendieron la huida a pie. Según fuentes del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en el lugar del atentado se encontraron dos casquillos de bala.
Esa misma noche el militar herido fue intervenido quirúrgicamente en la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, a donde había sido trasladado en estado muy grave por miembros de DYA. Estuvo cuatro días en coma, falleciendo finalmente el 5 de marzo. Los tres primeros bloques de la calle en la que se produjo el atentado eran viviendas de oficiales de la Marina. El miedo impedía a los vecinos comentar cualquier aspecto sobre el atentado. "Tenemos miedo. Estamos hechos polvo", indicó una de las vecinas, familiar de un militar.
Cinco años antes, a escasos metros de donde se produjo el atentado contra Aureliano, la organización terrorista ETA ametralló a los ocupantes de un vehículo dedicado al transporte de oficiales de Marina. Dos personas fallecieron en esa acción terrorista.
Era el segundo atentado mortal de 1990, tras el asesinato el 30 de enero del policía nacional José Ignacio Pérez Álvarez, mediante una bicicleta bomba. Sin embargo, la banda asesina había emprendido una intensa campaña de envíos de cartas y paquetes bomba. En esos días recibieron paquetes bombas, entre otros, María del Pilar Fernández Ruiz, funcionaria de Correos que sufrió heridas de gravedad, perdiendo un ojo (el paquete originariamente fue enviado a un funcionario de prisiones, pero fue devuelto a la sucursal de correos donde trabajaba María Pilar); Fernando de Mateo Lage, presidente de la Audiencia Nacional, que perdió las manos y un ojo; Francisco Albarracín Grech, teniente en la reserva de Valencia, y el fiscal Eduardo Fungairiño, que no sufrió heridas al ser desactivado el paquete por su escolta. Las cuatro cartas bombas, fueron enviadas entre el 24 y 26 de febrero por la misma persona, que las depositó en los buzones del Palacio de Comunicaciones en la plaza de Cibeles de Madrid.
Aureliano Rodríguez Arenas tenía 65 años. Estaba jubilado desde agosto de 1989, cuando pasó a la reserva. Ejerció dos décadas como celador mayor de la Armada. Aunque natural de Córdoba, llevaba treinta años viviendo en San Sebastián. Estaba casado y tenía tres hijos, de entre veinticinco y treinta años.
Esa misma noche el militar herido fue intervenido quirúrgicamente en la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, a donde había sido trasladado en estado muy grave por miembros de DYA. Estuvo cuatro días en coma, falleciendo finalmente el 5 de marzo. Los tres primeros bloques de la calle en la que se produjo el atentado eran viviendas de oficiales de la Marina. El miedo impedía a los vecinos comentar cualquier aspecto sobre el atentado. "Tenemos miedo. Estamos hechos polvo", indicó una de las vecinas, familiar de un militar.
Cinco años antes, a escasos metros de donde se produjo el atentado contra Aureliano, la organización terrorista ETA ametralló a los ocupantes de un vehículo dedicado al transporte de oficiales de Marina. Dos personas fallecieron en esa acción terrorista.
Era el segundo atentado mortal de 1990, tras el asesinato el 30 de enero del policía nacional José Ignacio Pérez Álvarez, mediante una bicicleta bomba. Sin embargo, la banda asesina había emprendido una intensa campaña de envíos de cartas y paquetes bomba. En esos días recibieron paquetes bombas, entre otros, María del Pilar Fernández Ruiz, funcionaria de Correos que sufrió heridas de gravedad, perdiendo un ojo (el paquete originariamente fue enviado a un funcionario de prisiones, pero fue devuelto a la sucursal de correos donde trabajaba María Pilar); Fernando de Mateo Lage, presidente de la Audiencia Nacional, que perdió las manos y un ojo; Francisco Albarracín Grech, teniente en la reserva de Valencia, y el fiscal Eduardo Fungairiño, que no sufrió heridas al ser desactivado el paquete por su escolta. Las cuatro cartas bombas, fueron enviadas entre el 24 y 26 de febrero por la misma persona, que las depositó en los buzones del Palacio de Comunicaciones en la plaza de Cibeles de Madrid.
Aureliano Rodríguez Arenas tenía 65 años. Estaba jubilado desde agosto de 1989, cuando pasó a la reserva. Ejerció dos décadas como celador mayor de la Armada. Aunque natural de Córdoba, llevaba treinta años viviendo en San Sebastián. Estaba casado y tenía tres hijos, de entre veinticinco y treinta años.
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Es fundamental recordar y honrar a todas las personas que perdieron la vida o resultaron afectadas por los actos violentos perpetrados por ETA. Cada una de estas víctimas merece nuestro respeto y solidaridad.